Tras casi 30 horas de debate parlamentario, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Bases destinado a institucionalizar la reforma económica, administrativa y fiscal para profundizar el modelo neoliberal. 

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La iniciativa legislativa declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

Si el proyecto es aprobado en el Senado, el Poder Legislativo delegará sus facultades en el Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, en los ámbitos antes mencionados.

La propuesta otorga potestad al Ejecutivo para privatizar nueve empresas públicas sin aprobación del Congreso y plantea el marco normativo para avanzar en una reforma laboral, en un blanqueo de capitales, en una revisión del sistema previsional y en la desregulación de áreas como la explotación hidrocarburífera.

En adelante, la aprobación quedará en manos de la Cámara Alta, donde el peronismo, principal fuerza opositora, tiene mayoría. Sin embargo, la holgura con que se impuso el oficialismo este martes se consiguió con el aval de los gobernadores, cuyo apoyo será determinante para definir si el proyecto se transforma en ley o no.

Reforma del Estado y privatizaciones

La propuesta debatida este martes es la misma enviada por el presidente de la nación al Congreso a los pocos días de iniciado su mandato. No obstante, la iniciativa fue retirada del Parlamento debido a la inconformidad con las modificaciones que sufrió el proyecto durante el debate. 

Más de cuatro meses después, la que fue conocida como “Ley Ómnibus” por su extensión se redujo a casi un tercio de su extensión original. De los 664 artículos iniciales, sólo fueron presentados a discusión 232. 

Es por ello que de las más de 40 empresas previamente sujetas a privatización, el Gobierno incluyó nueve, entre las que se encuentran la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, la energética Enarsa y la red de medios públicos agrupados en la corporación Radio y Televisión Argentina. 

A su vez, la norma aprobada por diputados facilita la reducción de las dependencias del Estado y elimina la estabilidad del empleo público para todos los agentes afectados “por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas”.

Reforma laboral

El texto actual destina tres de los nueve títulos que lo constituyen al abordaje de la regulación del empleo. Entre los puntos más salientes de estos segmentos se encuentra la extensión del periodo de prueba, la eliminación de las multas para empresas que tengan trabajadores no registrados y la implementación de un fondo de cese laboral optativo.

Este último punto ha sido muy resistido por el ámbito gremial. Una de las principales voces del mundo sindical, Pablo Moyano, señaló que no se puede permitir que “un trabajador pague su propia indemnización».

Como respuesta a estas y otras modificaciones de la regulación laboral, las principales centrales obreras se movilizaron este 1° de mayo por el Día del Trabajador y en contra de las medidas del Gobierno nacional. 

A su vez, las exportaciones del agro se encuentran paralizadas desde el lunes por una huelga por tiempo indeterminada de trabajadores aceiteros, marítimos y los estatales que se desempeñan en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). 

Por su parte, la confederación de sindicatos del transporte anunció un cese de actividades para el próximo jueves a nivel nacional, por lo que estará fuera de funcionamiento el servicio de trenes, aviones, camiones y subterráneos de todo el país.

Blanqueo, paquete fiscal y REGI

El rechazo de los trabajadores se debe también a la imposición planteada en la legislación, la cual vuelve a incluir impuesto a los salarios de alto valor nominal, conocido como impuesto a las ganancias. 

Por el contrario, las reformas que propone la Ley Bases incluye un «blanqueo» de capitales y un plan de facilidades de pago para las obligaciones tributarias, aduaneras y de la Seguridad Social impagas hasta el 30 de noviembre pasado, así como por las infracciones fiscales registradas hasta esa fecha con el fin de atraer capitales nacionales fugados al exterior.

También se votó el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) que estipula beneficios en el IVA y Ganancias; exenciones en derechos de importación y exportación para proyectos cuyos montos mínimos oscilarán entre 200 millones y 900 millones de dólares.

Reforma previsional

Otro de los puntos claves de la norma propuesta son los cambios introducidos en el régimen jubilatorio.

Mediante la derogación de la Ley 27.705, la Ley Bases quita una serie de beneficios para aquellos adultos mayores que no consiguieron reunir suficientes aportes durante la etapa activa, ya sea por haber trabajado de manera informal o porque su trabajo no fue reconocido como tal, como es el caso de las amas de casa.

Según la ley aún vigente, quienes llegan a la edad requerida en el régimen general, que establece a los 60 años las mujeres y 65 años los hombres, pueden ingresar a un sistema de moratoria, por la cual se le otorga una serie de facilidades para ingresar al sistema previsional.

La iniciativa oficial plantea que quienes no hayan reunido los años de aportes necesario, ingresarán a una pensión a manera de asistencia del Estado que representará el 80 por ciento de la jubilación mínima.

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